En los últimos días, diversos medios de comunicación, tanto regionales como nacionales, han informado y comentado el anuncio de la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD) de retirar 30 cámaras de televigilancia en el centro de Talca. Esta decisión se enmarca en un conflicto judicial y administrativo entre la institución y el proveedor del sistema, nuestra empresa.

Aunque el origen del tema es contractual, la conversación pública se ha trasladado rápidamente al terreno que más preocupa a las personas: la seguridad en los espacios donde viven, trabajan y se mueven a diario.

Una decisión administrativa con repercusión nacional

El anuncio de retiro de cámaras en Talca no quedó circunscrito a una noticia local. Distintos medios digitales, radios y canales de televisión lo han abordado desde una perspectiva más amplia, poniendo el foco en que se trata de un sistema implementado en varias comunas del país y que, por tanto, decisiones de este tipo pueden tener efectos más extendidos.

La cobertura ha relevado que el conflicto judicial y administrativo entre la SPD y el proveedor no solo tensiona la relación contractual, sino que también abre interrogantes sobre la continuidad de los sistemas de televigilancia instalados bajo el mismo modelo en otras ciudades. Es decir, lo que hoy vemos en Talca podría anticipar escenarios similares en otras comunas si no se encuentran soluciones institucionales y técnicas adecuadas.

Para quienes seguimos de cerca la evolución de las políticas de seguridad, este caso es un ejemplo de cómo decisiones administrativas, por legítimas que sean en el plano jurídico, deben considerar también el impacto que generan en el tejido urbano y social.

La mirada de la comunidad y el temor a “correr la misma suerte”

En Talca, la reacción de la comunidad no se hizo esperar. El alcalde, autoridades locales, parlamentarios, dirigentes del comercio y vecinos han expresado su preocupación y rechazo frente al retiro de las cámaras, subrayando que estos sistemas se han convertido en un apoyo importante para la prevención del delito, la persecución de ilícitos y la coordinación con las policías.

La inquietud no es solo simbólica. La eventual desinstalación de cámaras implica reducir la capacidad de monitoreo en tiempo real de puntos críticos: cruces de alto flujo peatonal, sectores comerciales, zonas de recreación y vías estructurantes de la ciudad. Menos cámaras significa menos información para reaccionar oportunamente frente a emergencias, delitos o incivilidades.

Al mismo tiempo, en otras ciudades donde existen sistemas similares comienza a instalarse una pregunta legítima:
¿podemos correr la misma suerte?

Municipios y comunidades que han apostado por la videovigilancia como parte de su estrategia de seguridad observan con atención lo que ocurre en Talca, porque comprenden que una decisión de retiro de equipamiento por razones administrativas puede, en la práctica, traducirse en una merma de las capacidades de protección y control en sus propios territorios.

Nuestro compromiso con la seguridad y la continuidad del servicio

Como empresa proveedora de estos sistemas, queremos dejar claro nuestro rol y compromiso en este contexto.

Primero, nuestra vocación es técnica y de servicio público: diseñamos, implementamos y operamos soluciones de videovigilancia y ciudad segura que permiten a las autoridades ver mejor lo que ocurre en el espacio público, tomar decisiones con información y coordinar respuestas ante situaciones de riesgo.

Segundo, pese al conflicto judicial y administrativo que hoy se discute a nivel institucional, mantenemos nuestro compromiso de seguir prestando el servicio y asegurando la continuidad operativa de las cámaras mientras los marcos contractuales y las decisiones de las instituciones competentes lo permitan. Nuestro interés está en que las ciudades no pierdan capacidades que ya han demostrado ser útiles para la prevención y la seguridad.

Tercero, estamos disponibles para colaborar en la búsqueda de soluciones que resguarden la seguridad de las comunidades: ajustes contractuales, mecanismos de continuidad, traspasos ordenados u otros modelos que las autoridades definan. Nuestro objetivo es aportar experiencia y soporte técnico para que las decisiones administrativas no se traduzcan en un retroceso en materia de protección ciudadana.

Mirando hacia adelante

Entendemos que los conflictos judiciales y administrativos forman parte de la relación entre instituciones públicas y proveedores. Sin embargo, también creemos que en temas de seguridad es clave mantener como prioridad a las personas: vecinos, vecinas, comerciantes, estudiantes y familias que esperan entornos más protegidos y mejor cuidados.

Mientras las instituciones así lo permitan, seguiremos operando los sistemas de televigilancia con el mismo estándar de calidad y continuidad, y trabajando junto a los diferentes actores del ecosistema de seguridad para que la tecnología siga siendo una herramienta al servicio de las ciudades y sus comunidades.

Porque detrás de cada cámara no solo hay equipamiento: hay barrios, historias y proyectos de vida que merecen seguir sintiéndose acompañados y resguardados. Ahí es donde queremos seguir estando, con responsabilidad, rigor técnico y compromiso de largo plazo.